La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas establecía un plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para implantar o adecuar sistemas de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes.
En 2004, la Comisión envió una primera carta al haberse recibido información que demostraba que un considerable número de ciudades no cumplía las disposiciones de la directiva. Se envió una segunda y última carta de apercibimiento en diciembre de 2008 pero España no adoptó las medidas exigidas.
El incumplimiento grave y continuado de la normativa motivo que la Comisión lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la misma situación que España se encuentra Italia que ya fue amonestada al detectarse más de 170 ciudades sin sistemas de depuración de aguas residuales.
